Comisión de Asuntos Migratorios organizó “Encuentro de experiencias legislativas en materia de migración y asilo en México”

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"2026, Año de Margarita Maza Parada"

LXVI Legislatura. “Soberanía y Justicia Social”

Boletín No. 3340

• Las reflexiones serán esenciales para asegurar que la transformación institucional se construya sobre bases firmes, humanas y democráticas: diputada Marcela Guerra (PRI)   

Durante el “Encuentro de experiencias legislativas en materia de migración y asilo en México”, organizado por la Comisión de Asuntos 

Migratorios, su presidenta, la diputada Marcela Guerra Castillo (PRI), afirmó que con este evento se busca tejer puentes entre Federación, estados, instituciones y comunidades, así como la ley y a quién tiene que proteger. 

Las reflexiones de este día, dijo, serán esenciales para los siguientes procesos de dictaminación y asegurar que la transformación institucional se construya sobre bases firmes, humanas y democráticas.  

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada deseó que este encuentro sea un paso decisivo hacia una política migratoria coherente, coordinada y profundamente humana.  

Por su parte, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, mencionó que la política migratoria de esta administración tiene como propósito garantizar una movilidad ordenada, segura y humana. “No se trata de una definición conceptual, sino de una ruta de Estado que exige coordinación interinstitucional y responsabilidad compartida”.

Agregó que impulsar esta ruta no es una tarea sencilla, ya que se requiere voluntad política y articulación entre los distintos órdenes de gobierno, una gestión eficaz, capaz de equilibrar legalidad y dignidad. Detalló que los 5 mil 600 agentes del INM contribuyen a que cada ingreso y salida del país se realice conforme a la ley y se mantenga un equilibrio responsable entre la aplicación del ordenamiento y la protección de los derechos humanos.

Anne Brigitte Krum-Hansen, de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, informó que han trabajado con distintas legislaturas estatales y el año pasado se recibieron solicitudes de apoyo para asistencia técnica en al menos nueve entidades; por ello, reconoció la intención de los estados por legislar en materia de movilidad humana, ya que el tema no solo le compete al Gobierno Federal, sino a todos.  

Resaltó que hay retos importantes que solventar en materia de movilidad a nivel legislativo, como desarrollar nuevas leyes y mejorar las existentes, pero también asegurar su implementación. Consideró esencial retomar la emisión de documentación para solicitantes de asilo para que puedan acceder a empleo formal y servicios durante el proceso de asilo, ya que sin ella se encuentran en situación de alta vulnerabilidad.  

Dana Graber Ladek, jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México, destacó la importancia de impulsar marcos normativos que respondan a la realidad migratoria que se vive hoy, pues el Congreso mexicano no solo crea normas sino modela la arquitectura de la gobernanza migratoria en el país, y hoy se enfrenta mayor movilidad mixta y permanencia en el territorio, necesidades diversificadas de regularización y presión institucional ante la limitada disponibilidad de alternativas migratorias. 

Indicó que la integración laboral de personas migrantes no solo es imperativa de derechos humanos sino una decisión estratégica para la competitividad y el desarrollo compartido. Por ello, externó su compromiso de seguir acompañando al Congreso mediante la aportación de evidencia y buenas prácticas internacionales y espacios de diálogo, porque la gobernanza migratoria eficaz no es resultado de una sola institución sino de la coordinación sostenida entre todas ellas.

La directora general de Regulación y Archivo Migratorio, Silvia Salgado Tirado, reconoció que la movilidad humana no es únicamente un fenómeno administrativo sino una realidad social compleja que involucra a personas en contextos diversos y en muchos casos en situación de vulnerabilidad; por ello, cada procedimiento, verificación o determinación debe encontrarse debidamente fundada y motivada, garantizando el debido proceso, la legalidad y, sobre todo la dignidad de las personas. 

Estimó que este encuentro permite un intercambio abierto y constructivo de puntos de vista y los planteamientos, observaciones y propuestas serán analizadas y servirán como base para la toma de decisiones, formulación de políticas públicas y el fortalecimiento de las acciones institucionales. La atención de las personas migrantes nacionales y extranjeras corresponde a la Federación, pero también a los gobiernos de los estados, con la participación de la sociedad civil y organismos internacionales. 

Melissa Vértiz Hernández, del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, planteó desvincular el tema de seguridad nacional, reducir la puesta en marcha de perfilamientos raciales en acciones de control y verificación migratoria, avanzar hacia la excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la privación de la libertad, ampliar las vías de regularización migratoria no solo por cuestiones laborales sino otras causales para garantizar la accesibilidad, pero sobre todo la asequibilidad.

Además --dijo-- contemplar la corresponsabilidad y coordinación institucional, disposiciones normativas de integración, eliminar la privación de libertad de personas sujetas de protección, incluir el tema de identificación de vulnerabilidades y su consecuente canalización a entidades especializadas, y contemplar medidas para que las personas continúen sus procesos migratorios en libertad.

Intervención de diputadas y diputados

La diputada Tey Mollinedo Cano (Morena), presidenta de la Comisión de Asuntos Frontera Sur, destacó que la movilidad humana trae consigo otras modalidades como los refugiados, asilados y protección complementaria, por lo que estos temas se deben abordar para modificar el marco jurídico. También es importante tomar un enfoque de infancia para evitar conceptos como niñas y niños migrantes, y niños mexicanos, lo que constituye un acto de discriminación.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Pedro Vázquez González (PT), expuso que el tema de movilidad humana y asilo es hablar de personas, familia y derechos en entornos de violencia, desigualdad, desorden climático y la falta de oportunidades o persecución; por ello, planteó fortalecer las capacidades presupuestales y técnicas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y del INM, así como garantizar que procesos migratorios estén alineados con los derechos humanos.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, diputada Elizabeth Martínez Álvarez (PAN), comentó que México en los últimos años enfrenta un crecimiento sostenido en los flujos migratorios que involucran a menores de edad, por lo que es necesario robustecer de manera urgente los sistemas de protección y el trabajo en conjunto con los tres órdenes de gobierno para evitar actos de violencia a este sector.

De Morena, la diputada Gissel Santander Soto dio a conocer que en 2024 se registraron más 30 mil repatriaciones de menores de edad mexicanos y una proporción significativa viajaba sin compañía adulta, lo que refleja un fenómeno estructural que requiere respuestas integrales y sostenidas y, sobre todo, legislación. El Estado mexicano debe responder con políticas basadas en evidencia y con un enfoque centrado en derechos humanos. La migración debe atenderse desde la protección de las infancias deportadas. 

La diputada Rosa Irene Urbina Castañeda (Morena) llamó a reflexionar sobre la importancia del Poder Legislativo en la garantía de derechos, pues cuando se habla de migración y asilo, esa responsabilidad se traduce en acciones normativas que impactan directamente la vida de las personas, e hizo mención de una iniciativa que impulsa para fortalecer la figura de asilo mexicano, armonizarlo y que el principio de unidad familiar deje de operar con clausura declarativa y se convierta en una garantía efectiva.

Evangelina Moreno Guerra, diputada de Morena, informó que impulsa una iniciativa para crear un Registro de Personas Migrantes, a fin de brindar información actualizada sobre todas las personas detenidas en el territorio nacional, lo cual coadyuvará a los procesos de investigación y la salvaguarda de los derechos humanos de las personas. 

Mesas de trabajo

En dos mesas tituladas “Participación social a nivel estatal en la elaboración de iniciativas de marcos normativos en materia de migración y asilo”, diputados locales de Chihuahua, Sonora, Tlaxcala, Aguascalientes, Chiapas, Jalisco y Guanajuato, así como del Centro de Atención a Familias Migrantes, insistieron en la importancia de construir marcos normativos en materia de migración y asilo, con la participación de la sociedad, toda vez que las leyes se realizan a partir de diagnósticos y de diálogo interinstitucional.

Asimismo, compartieron su experiencia sobre cómo la participación social ha incidido en la generación de marcos normativos locales y qué tan alineados están con los estándares de los derechos humanos y con una visión de protección integral.  

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