Comisión de Desarrollo y Conservación Rural aprobó opinión a iniciativa presidencial de Ley de Aguas

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LXVI Legislatura. “Soberanía y Justicia Social”

Boletín No. 2873

• El documento fue enviado a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento

La Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, que preside la diputada Leticia Barrera Maldonado (PRI), aprobó opinión positiva a la iniciativa que expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, enviada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

 El documento, enviado a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, fue avalado por 30 votos a favor. Subraya la necesidad de actualizar el régimen jurídico aplicable al agua, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho humano al agua y saneamiento y responder de manera adecuada a los desafíos presentes y futuros asociados a la gestión de un recurso indispensable para la vida, el bienestar y el desarrollo nacional.

Reconoce la deuda histórica que persiste en la plena garantía del derecho humano al agua y saneamiento, particularmente en lo relativo a la expedición de la Ley General de Aguas mandatada por la reforma constitucional de 2012, por lo que esta iniciativa constituye un esfuerzo fundamental para avanzar en el cumplimiento de dicho mandato y actualizar el marco jurídico en la materia.

La Comisión considera indispensable que ambas leyes ordenen explícitamente los usos del recurso bajo esta jerarquización: primero, el uso humano y doméstico; después, el uso agrícola, pecuario y de acuacultura necesario para asegurar la producción de alimentos y, finalmente, los demás usos productivos.

Sugiere incorporar mecanismos normativos equilibrados que armonicen la adecuada administración del recurso con la viabilidad productiva, la estabilidad económica de las unidades de producción y la seguridad de quienes dependen del agua para su actividad. 

Las y los integrantes de la Comisión advierten que la incorporación de tipos penales en una legislación sectorial puede generar efectos no deseables en términos de coherencia normativa; en particular, que varias de las conductas propuestas ya cuentan con regulación penal o administrativa en ordenamientos como el Código Penal Federal, lo que podría dar lugar a duplicidades o interpretaciones contradictorias.

Considera necesario preservar un Órgano Interno de Control plenamente facultado, con autonomía técnica dentro del marco establecido por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Mantener esta estructura contribuye a que el nuevo modelo de gobernanza del agua opere con mayores garantías de integridad, profesionalismo y control institucional.

Al respecto, la diputada Barrera Maldonado expresó que la opinión plantea que ambas leyes contemplen el derecho humano del acceso al agua y la alimentación; además, resaltó que el documento ha sido construido por las y los integrantes de la instancia legislativa y la sociedad civil y con base en las necesidades de la ciudadanía.  

Por Morena, el diputado Alberto Maldonado Chavarín manifestó que no se puede permitir que el agua se vea como una mercancía para grandes empresas y que haya poblaciones sin recursos hídricos. Agregó que esta iniciativa plantea regular su distribución.

Ricardo Madrid Pérez, diputado del PVEM, puntualizó que la propuesta de la presidenta de la República tiene como objetivo el cuidado del agua y la cadena productiva. Yo estoy convencido que esta ley necesita modificaciones, misma que debe encontrarse de manera conjunta para que se logre beneficiar a la ciudadanía. 

Por el PT, la diputada Vanessa López Carrillo afirmó que se buscará que esta reforma no afecte a la ciudadanía, sino que le dé un uso adecuado.

Del PRI, el diputado Juan Francisco Espinoza Eguía hizo notar que si bien la creación de la ley es fundamental para dar cumplimento a la reforma constitucional de 2012, la propuesta presentada por la presidenta requiere modificaciones para garantizar el uso humano y doméstico para la producción de alimentos y la claridad en las prórrogas de las concesiones y sucesiones.     

 El diputado Jaime Humberto Lastra Bastar (Morena) señaló que su grupo parlamentario cuidará que en este proceso se atiendan las necesidades de los pequeños productores ganaderos, agricultores y de más sectores del campo, ya que son estos quienes llevan los alimentos a todos los hogares del país.

La diputada del PAN, Samantha Margarita Garza de la Garza, mencionó que están a favor de esta opinión con los cambios propuestos, porque abordan temas estratégicos; sin embargo, consideró que el tiempo de análisis de esta propuesta ha sido muy corto.

La diputada del PVEM, Ciria Yamile Salomón Durán, dijo que ante la concentración urbana y los efectos del cambio climático se ha originado una crisis hídrica en el país. Añadió que es primordial garantizar a los productores un acceso seguro al agua para mantener la producción agrícola y contar con una tramitología ágil y accesible. 

José Gloria López, diputado del PT, expuso que esta propuesta atiende demandas de los ganaderos respecto a las sanciones y “espero que estas observaciones realizadas por esta instancia legislativa sean tomadas por la dictaminadora para que sea en beneficio de las y las personas del sector rural del país”.

El diputado de Morena, José Narro Céspedes opinó que la propuesta presidencial aborda un tema importante como es la concentración del agua, principalmente por las grandes empresas, refresqueras y mineras. No obstante, enfatizó que se debe resolver la sucesión de derechos, concesiones y la utilización de energía renovable en los sistemas de riego.

Por el PT, el diputado Jesús Fernando García Hernández planteó que otro tema que debe considerarse en la propuesta presidencial son los latifundios, para evitar que se concentren los recursos hídricos en unos cuantos.

La diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora (MC) dijo que la opinión que emite la Comisión atiende temas que son preocupantes para la ciudadanía y repercuten en la soberanía alimentaria. Apuntó que una sola Ley de Aguas permitiría dar certeza. 

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