Diputadas y diputados plantean posturas al discutir dictamen que transfiere al INEGI las funciones del CONEVAL

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LXVI Legislatura. “Soberanía y Justicia Social”

Boletín No.1698

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC expusieron sus puntos de vista sobre el dictamen que transfiere las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre ellas la medición de la pobreza. 

La pobreza en México disminuyó desde 2018 hasta la actualidad

La diputada Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (Morena) explicó que con esta reforma el INEGI absorberá las funciones del CONEVAL, medirá el impacto de los programas sociales, así como el combate a la pobreza gradualmente. Aseguró que organismos internacionales reconocen que la pobreza en México disminuyó desde 2018 hasta la actualidad, en la que 11 millones de mexicanos y mexicanas salieron de esa situación

Mencionó que el dictamen tiene como objetivo armonizar una serie de ordenamientos establecidos en una reforma constitucional, realizados anteriormente al artículo 26. Hizo referencia que una de las prioridades de la titular del Ejecutivo Federal ha sido la simplificación de la estructura orgánica del gobierno.

Pone en riesgo la evaluación, transparencia y rendición de cuentas

Para el diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (PAN) la reforma no representa un simple ajuste administrativo o un traslado de facultades, sino un retroceso que pone en riesgo los mecanismos de evaluación, transparencia y rendición de cuentas de la política social del país, ya que, aunque el INEGI es una institución respetada, no está diseñada para evaluar políticas públicas ni emitir juicios sobre el desempeño social del gobierno.

Hoy, dijo, se pretende desaparecer al CONEVAL, un organismo autónomo con rigor técnico e independencia que ha sido fundamental para evaluar si los programas sociales realmente están ayudando a combatir la pobreza y la desigualdad en el país y en su lugar pretenden transferir estas funciones al INEGI.

Políticas públicas con objetividad y transparencia

Por su parte, el diputado Marco Antonio de la Mora Torreblanca (PVEM) precisó que no se trata de desaparecer una institución sino de obtener resultados concretos, datos confiables y decisiones basadas en evidencias. “Para ello, se requiere que la evaluación de las políticas públicas sea realizada con el más alto rigor técnico, objetividad y transparencia”.

Destacó que la transición del CONEVAL al INEGI se llevará a cabo de forma ordenada y con respeto a la autonomía de la institución, sin afectar la calidad de su labor técnica, ni comprometer su independencia operativa. “Acompañamos esta reforma, ya que permitirá avanzar hacia un Estado más ágil, moderno, transparente y eficaz, que responda a las necesidades de las y los mexicanos”.

La reforma busca evitar duplicidad de funciones

Del PT, el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos aseguró que la reforma para extinguir ciertos organismos autónomos, entre ellos el CONEVAL, responde al principio de evitar duplicidad de funciones, el despilfarro de recursos y la repartición de cuotas de poder, por lo que se reafirma la postura de que la evaluación de la política social y la medición de la pobreza deben ser transparentes y libres de intereses políticos.

No se trata, dijo, de un simple ajuste administrativo o una venganza, sino de un paso más en la consolidación de un gobierno que mantiene la austeridad republicana y la erradicación de las prácticas neoliberales que por años distorsionaron el servicio público.

INEGI no puede ni debe sustituir las funciones especializadas de CONEVAL

En opinión de la diputada Lorena Piñón Rivera (PRI) la propuesta de desaparecer el CONEVAL no representa una reorganización administrativa sino “un golpe deliberado contra la capacidad del Estado mexicano de conocerse a sí mismo y rendir cuentas a su pueblo”, el cual calificó como un atentado contra la institucional democrática de México.  

Señaló que el INEGI no puede ni debe sustituir las funciones especializadas del CONEVAL, ya que ambas instituciones tienen mandatos distintos, pero complementarios. “El INEGI produce datos, el CONEVAL evalúa políticas; son mandatos complementarios, no intercambiables”. Anunció que desde su grupo parlamentario van en contra del dictamen, ya que la medición técnica e independiente de la pobreza no es negociable.

La evaluación y medición de políticas públicas son esenciales

A su vez, la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (MC) consideró que aprobar la desaparición del CONEVAL es abrirle la puerta al gobierno para que tenga la posibilidad de evaluar la política social sin medición de pobreza ni un análisis real de presupuesto. “Estamos en contra porque estamos convencidos de que la evaluación y medición de políticas públicas son esenciales para la conformación de una buena política pública”.

Recalcó que el estudio de datos e información real son estrictamente necesarios para construir un mejor país, y las transferencias del CONEVAL al INEGI son insuficientes, ya que, aunque el Instituto es un organismo autónomo, su principal mandato es la generación de información estadística, no la evaluación de políticas públicas. “Ustedes no quieren medir porque no quieren mejorar las condiciones de nuestro país”. 

Posturas a favor en contra

La diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez (MC) dijo que es un mal día para la evaluación en el país, pues se le transfieren al INEGI las facultades, atribuciones y competencias del Consejo Nacional sin los recursos necesarios para que tengan las personas expertas. “Es un gatopardismo cambiar todo para que las cifras las den a modo. No a la desaparición del CONEVAL. El Instituto no será capaz de soportar una política sería de evaluación técnica como la tenía el Consejo”. 

En tanto, el diputado Oscar Iván Brito Zapata (Morena) opinó que hoy se cumple con el mandato constitucional de armonizar la eliminación en específico de lo que fue el Consejo Nacional, para que sus funciones sean adoptadas por el INEGI, el cual es un organismo que tiene décadas de experiencia en el levantamiento de información, evaluaciones, elaboración de estadísticas y hoy se va a fortalecer. “Estamos en este momento defendiendo la política de bienestar que ha sacado a millones de mexicanos de la pobreza”.

Del PAN, el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez aseguró que lo que hoy se va a realizar es una nueva simulación, pues el nuevo sistema de medición del CONEVAL lo quieren mandar al INEGI. “Nosotros estaríamos dispuestos en hacerlo si hubiera reglas claras, si hubiera estándares métricos en donde el gobierno no sea juez y parte. Yo los invitaría a que votemos un consejo ciudadano que ayude realmente a verificar al INEGI para las mediciones del CONEVAL”. 

La diputada del PVEM, Cindy Winkler Trujillo, afirmó que con la reforma se contará con un solo canal de información profesional verificable y accesible, así como un ahorro real al erario y una medición más clara, eficiente y funcional para el diseño de políticas públicas. “El objetivo es que cada peso vaya donde más se necesita: a reducir la pobreza, combatir la desigualdad y mejorar la vida de las personas”.

La diputada Nadia Navarro Acevedo (PRI) hizo notar que al establecer que el INEGI sea quien asuma las funciones del CONEVAL, se debilitarán los mecanismos de evaluación, los cuales permiten medir la pobreza en México. “Mediante la simplificación del aparato burocrático estarán debilitando el Estado de derecho”.

Para la diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez (Morena) a partir de esta reforma se busca fortalecer el Estado mexicano, a través de la optimización de recursos, el fortalecimiento de las instituciones autónomas, así como la consolidación de un sistema que priorice el desarrollo social. “Respaldo la propuesta de la titular del Ejecutivo, pues responde a la necesidad de un Estado austero pero efectivo”.

Del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández señaló que con la extinción del CONEVAL se perdió una institución técnica evaluadora de la política social con plena autonomía, y se debilitaron los contrapesos sanos del ejercicio de gobierno “que se consolida como juez y parte al ejercer los programas sociales y calificar sus resultados”. Además, se perdió la metodología imparcial que exigen estos procesos, lo que redundará en opacidad y falta de transparencia.

El diputado Luis Humberto Fernández Fuentes (Morena) indicó que al aprobar el dictamen se armoniza el marco normativo con la reforma constitucional para la simplificación orgánica; se fortalece al INEGI y la medición de las políticas y acciones de combate a la pobreza, las cuales se medirán con un órgano sólido como el Instituto, las funciones del Consejo Nacional no desaparecen, se conservan las bases metodológicas y no habrá impacto presupuestal.

La diputada Xitlalic Ceja García (PRI) subrayó que con el dictamen se busca que el desarrollo social de México se evalúe poniendo en riesgo la verdad, la transparencia y la justicia social. “Vamos en contra del dictamen porque reduce la política social; es un error el eliminar al CONEVAL. No es una simplificación administrativa sino una trampa para tener árbitros a modo”. 

Reginaldo Sandoval Flores, diputado del PT, argumentó que el traslado de funciones del CONEVAL al INEGI no representa que no haya evaluación en el país pues el Instituto seguirá haciéndolo. Con los cambios, se abona a reducir la obesidad del aparato burocrático, caminar en el tema de austeridad y recordó que “el principio de la Cuarta Transformación es no mentir, no robar ni traicionar”. 

El diputado Fidel Daniel Chimal García (PAN) mencionó que votarán en contra de la reforma pues con la desaparición del CONEVAL se quita una herramienta para conocer si la política social realmente sirve, además de que ha sido el organismo que durante años ha dado datos duros y el único que se atrevía a decir si las cosas funcionaban o no. 

La diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva (Morena) comentó que aprobar el dictamen significa un cambio de paradigma en la medición de la política social con un enfoque más eficaz y eficiente, ahora bajo la tutela del INEGI, donde se concentrará la evaluación de la política social, eliminando duplicidad de funciones entre dependencias.

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