Diputadas y diputados plantean su postura ante la expedición de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

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“2025, Año de la Mujer Indígena”
LXVI Legislatura. “Soberanía y Justicia Social”

 
Boletín No.1720
 
 
• Participan representantes de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC
 

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC plantearon sus posicionamientos sobre el dictamen que expide la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que regula la integración, organización y funcionamiento de dicho Sistema, así como la distribución de competencias, coordinación y cooperación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno.

 
No se trata de espiar a nadie, se trata de cerrar espacios al crimen
 
La diputada Julia Arcelia Olguín Serna (Morena) señaló que esta ley representa el fortalecimiento de fondo de un Sistema fuerte, articulado y humano. “No es solo una reforma jurídica, es una actualización institucional con visión integral, basada en las selecciones de lo que sí ha funcionado”.

 
Detalló que se incorpora una herramienta que ha generado debate: el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. “No se trata de espiar a nadie, se trata de cerrar espacios al crimen que se esconde atrás del anonimato, al que extorsiona, al que secuestra utilizando redes sin rastro. A eso se enfrenta esta reforma: a quienes delinquen, no a la ciudadanía. No estamos criminalizando a nadie, estamos fortaleciendo las herramientas para combatir la impunidad y se hace con responsabilidad, controles, alineamientos y bajo la conducción institucional”.
 
Se fortalecen las instituciones de seguridad
 
Por el PAN, el diputado César Israel Damián Retes celebró que se reconozca que ha fallado la estrategia de seguridad; por ello, dijo, ayer en su grupo parlamentario votaron en contra de la militarización y, hoy, a favor del fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad, pero en contra del espionaje y el autoritarismo. “Hay cosas buenas en esta reforma. Quedará claro que se podrá bloquear la señal para evitar las llamadas que salen de los centros penitenciarios”.

 
Hoy, añadió, se dará un voto de confianza, porque no se va a regatear al gobierno algo que es en beneficio de las familias. “Nuestra votación no es un cheque en blanco; estaremos atentos, vigilantes y esperando los resultados. Con esta reforma no hay lugar para pretextos ni para improvisaciones ni para culpar al pasado. La seguridad es indispensable en todo el territorio nacional. Aquí está Acción Nacional para construir un mejor camino para las familias mexicanas”.
 
Estrategia de seguridad más efectivita, integral y coordinada
 
Del PVEM, el diputado Carlos Enrique Canturosas Villareal afirmó que expedir una Ley del Sistema General de Seguridad Pública significa dotar de mayor dinamismo a dicho Sistema, a través de eficiencia y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, desarrollo institucional, profesionalización de los integrantes de las instituciones policiales, estandarización de los procesos y prácticas, sobre todo, fortalecimiento de la coordinación entre todas las instituciones de seguridad pública.

 
Con este nuevo marco normativo, indicó, se da un paso firme a una estrategia de seguridad más efectiva, integral y coordinada, ya que se fortalece a las instituciones y se les dota de herramientas necesarias para actuar con mayor precisión y contundencia frente a la criminalidad que amenaza la paz y la tranquilidad del país, con reglas claras y mecanismos eficaces, y garantiza que la respuesta del Estado sea más ágil, justa y acorde a las necesidades de las y los mexicanos.
 
Será herramienta de transformación e instrumento para la paz
 
Para el diputado Luis Fernando Vilchis Contreras (PT) el dictamen es una herramienta hacia una política de seguridad racional, profesional y articulada, que combatirá la corrupción y todos sus derivados; por ello, se necesita un sistema nacional que funcione con estrategia conjunta, centros de mando y criterios compartidos, avance en la modernización tecnológica del sistema, uso de plataformas, registros y sistema de información en tiempo real, y permitirá identificar patrones delictivos, prevenir delitos y actuar con evidencia.

 
La ley, añadió, fortalece al Secretariado Ejecutivo y el Consejo Nacional, establece mecanismos claros de atribución y distribución como uso de fiscalización en materia de fondos federales. “No más recursos malgastados o desviados bajo la excusa de la seguridad. Los fondos deben traducirse en mejores condiciones laborales, formación ética, equipamiento, protocolos de actuaciones, acorde con los derechos humanos que todos anhelamos. Será la herramienta de transformación y un instrumento de avance para la paz del país”.
 
Hay que defender el pacto fiscal y el federalismo
 
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) afirmó que su grupo parlamentario votará en contra, porque “es imposible que, de la madrugada a este momento, a 484 páginas se le puedan dar lectura, porque es un sentido distinto a lo que la Comisión de Seguridad Ciudadana vio, leyó y aprobó en su momento. Es una nueva ley distinta a lo que se dictaminó; es grave que la Ley General sobre el Sistema de Seguridad Pública elimina el párrafo en el que advierte que la seguridad pública es de carácter civil”.

 
Comentó que se le da poder absoluto y magnánimo al Consejo Nacional de Seguridad Pública, pues no solo articula la política de seguridad, sino somete a las entidades federativas y municipios a su poder absoluto, ya que se le faculta a suspender la entrega de las aportaciones federales cuando estos no cumplan con sus acuerdos. “Voten por el bienestar de México y no por el orden y capricho de la Secretaría de Seguridad Pública. Defiendan el pacto fiscal, defiendan el federalismo”.
 
Con diálogo se podrá diseñar la política de seguridad
 
Claudia Ruiz Massieu Salinas, diputada de MC, comentó que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se inscribe en la tendencia de concentración de poder e información en el Ejecutivo Federal a expensas del federalismo y da continuidad a la perniciosa tendencia de militarización de las instituciones civiles a expensas de la República; no es una norma que busque enfrentar los retos nacionales dentro del marco de los lineamientos constitucionales que deben regir al Estado mexicano.

 
Mencionó que hoy se está ante otra pretensión de concentrar poder, información y control desde el centro, atropellando la diversidad de nuestro país. En seguridad pública, dijo, esa diversidad debería ser una valiosa fuente de visiones, capacidades, estrategias, soluciones y casos de éxito que pudieran ser replicables en otras regiones. “Hay que perfeccionar la propuesta y hagamos un esfuerzo compartido y de consenso para hacer las cosas.  Con diálogo se podrá diseñar la política de seguridad que México necesita”.
 
Posturas a favor y en contra
 
La diputada Verónica Martínez García (PRI) consideró que en materia de seguridad pública se debe ser responsable y no legislar al vapor. El dictamen no propone una solución real a la inseguridad sino disfraza el fracaso de la estrategia del gobierno con un nuevo marco centralista, el cual debilita a estados y municipios; es regresivo, peligroso y contrario a los principios constitucionales. “La seguridad se construye con instituciones civiles, fortalecidas, coordinadas y con controles democráticos”.

 
En opinión del diputado Arturo Ávila Anaya (Morena) el dictamen que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública “que hoy se aprobará, representa una respuesta de esta Cámara para apoyar a la patria, a las mexicanas y a los mexicanos y a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas”.  

 
A su vez, el diputado Emilio Suárez Licona (PRI) consideró que el dictamen implica el desmantelamiento del federalismo en materia de seguridad pública para sustituirlo por un centralismo competencial y presupuestal; es la subordinación de las instituciones policiales locales al Gobierno Federal, pretende operar la estrategia con recursos que se transfieren a estados y municipios para seguridad pública y mantiene la militarización de la seguridad.

 
María Leonor Noyola Cervantes, diputada del PVEM, externó que hoy se da un paso importante hacia la consolidación de un nuevo sistema de seguridad pública y representa el compromiso para fortalecer a las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía y garantizar un entorno más seguro para todas y todos; dota de mayor dinamismo al Sistema mediante la eficiencia y transparencia en el ejercicio de los recursos federales.

 
De MC, el diputado Gildardo Pérez Gabino señaló que para tener seguridad pública se debe hacer un cambio en todas las condiciones estructurales. Insistió en la importancia del fortalecimiento, equipamiento, capacitación y adiestramiento de las policías municipales. “Es necesaria una reforma en procuración de justicia, ya que sin justica no puede haber seguridad”.

 
A su vez, la diputada Miriam de los Ángeles Vázquez Ruíz (Morena) subrayó que las propuestas enviadas por la titular del Ejecutivo hacen énfasis en el rediseño de distintos esquemas. “Se trata de consolidar a los cuerpos de seguridad, incluyendo a la Guardia Nacional, así como establecer una coordinación efectiva entre los actores intervinientes en las tareas de seguridad”.

 
Por el PAN, el diputado Asael Hernández Cerón afirmó que votarán a favor de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que no existan pretextos, pero lo harán en contra de la Ley de Inteligencia, la cual “pretende espiar a todo el mundo”, ya que el 60 por ciento de las y los mexicanos se sienten inseguros y el 30 por ciento de la población ha sido víctima de la delincuencia.

 
La diputada María Guadalupe Morales Rubio (Morena) señaló que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica y la Ley de Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia no representan medidas improvisadas, sino una respuesta estructurada. “Estas leyes van a establecer la base para la coordinación y distribución de competencias entre la Federación, los estados y los municipios”.

 
Para el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (MC) el dictamen contiene avances que están en la agenda de su grupo parlamentario y no se le van a regatear esos avances al país. Celebró que se reconozcan esas mesas de paz, como parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se haya quitado el padrón de las líneas telefónicas de todo el país y se señalan las atribuciones del municipio en materia de seguridad.

 
Ricardo Mejía Berdeja, diputado del PT, destacó que la Ley establece la coordinación de estados y municipios, obliga a la profesionalización, certificación y evaluación de todas las corporaciones, desde la Guardia Nacional hasta la más modesta policía municipal; homologa los estándares y protocolos de actuación en todo el país, consolida un sistema nacional de información, refuerza las mesas de paz y seguridad, y fomenta la participación ciudadana.

 
En tanto, el diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra (PAN) destacó que México enfrenta una crisis de inseguridad sin precedentes y se ha debilitado a las instituciones, a las fuerzas civiles y se ha militarizado al país. La seguridad no puede ser excusa para la vigilancia máxima, la persecución política y social, y el uso de la información merece transparencia y contrapesos, respeto a los derechos humanos, a las personas y a las familias.

 
La diputada Dolores Padierna Luna (Morena) subrayó que con estas leyes se le da guía a la política de seguridad y de combate del delito, pues la seguridad pública requiere de coordinación, guías, táctica y estrategia para dar resultados, ya que la paz social se debe hacer de manera planificada, con orden, análisis del fenómeno delictivo y sea producto de la coordinación, colaboración y del diálogo entre los tres órdenes de gobierno.

 
 
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