Presentan diputadas y diputados posturas sobre minuta en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita

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“2025, Año de la Mujer Indígena”
LXVI Legislatura. “Soberanía y Justicia Social”


Boletín No.1755



•    Intervinieron representantes de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC presentaron sus posturas sobre la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, cuyo propósito es proteger el sistema financiero y combatir la delincuencia organizada y los recursos de procedencia ilícita.

La reforma protege la economía del país

El diputado Julio César Moreno Rivera (Morena) puntualizó que el principal objetivo de la reforma es lograr el cumplimiento de estándares internacionales, así como brindar certeza de que el dinero que circula en el sistema financiero de México sea lícito y legal; se fortalece el marco regulatorio, las instituciones y la capacitación a personas físicas y morales que intervienen en este tipo de operaciones. 

Refirió que para la consolidación de los cambios se tomaron en cuenta propuestas provenientes de instituciones financieras, notarios, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, las cuales fueron incluidas para logar un equilibrio, y la efectividad contra el lavado de dinero. “Esta reforma no es solo un conjunto de cambios legales; es una acción concreta para proteger la economía de nuestro país”.

Hay más poder, sin control ni equilibrios

Del PAN, el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, mencionó que hay aspectos positivos en la reforma, pero también negativos que preocupan, pues si bien se atiende las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), alarma que tenga la característica de más poder sin control ni equilibrios, cuando para combatir el lavado de dinero se requiere transparencia, rendición de cuentas y más fiscalización.

Se propone más intervención de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Publica, así como de la Guardia Nacional; es decir, una intervención sin control judicial ni de ningún tipo. La minuta no contempla el tema del huachicol fiscal. Cuestionó si las herramientas que se piden y la intervención sin control, realmente son para blindar el sistema financiero o perseguir a quien no piensa igual. 

Justica social, integridad económica y consolidación democrática

El diputado Felipe Miguel Delgado Carillo (PVEM) indicó que la lucha contra el financiamiento de organizaciones delictivas no solo representa una cuestión de seguridad, sino un asunto de justica social, integridad económica y consolidación democrática, ya que el dinero es el principal “motor” de las actividades del crimen organizado. Si no se aborda el flujo de recursos, cualquier esfuerzo por desmantelar sus estructuras será siempre incompleto.

Consideró crucial trabajar en áreas claves, como el fortalecimiento de los mecanismos de inteligencia financiera, revisar e incrementar las sanciones penales y administrativas, así como promover una cultura de cumplimiento normativo y ética empresarial. “El costo de permitir que el dinero del crimen continúe fluyendo es incalculable en términos de vidas humanas, por lo que seguiremos trabajando para construir un marco legal sólido, ágil y efectivo”.

Fortalece el combate al lavado de dinero

En opinión de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) hoy se aprueba una modificación a la ley para tratar de evitar el lavado de dinero; se apoya una reforma que no solo fortalece el combate al lavado de dinero sino profundiza la lucha contra la corrupción, la impunidad y los intereses económicos que históricamente han estado ligados al poder político para someter al pueblo. “El Estado debe recuperar su poder frente al crimen, la corrupción y los interese que han lastimado al país”.

Destacó que el dinero sucio ha sido uno de los grandes motores de desigualdad en el país, ha filtrado partidos, empresas, instituciones públicas y hasta procesos electorales. Por ello, se coincide en los ejes de la reforma: transparencia en los beneficiarios finales de las empresas para evitar prestanombres y redes de corrupción, nuevas obligaciones para actividades vulnerables como bienes raíces, criptomonedas o fideicomisos, mayor facultad a las instituciones públicas para supervisar y actuar con eficacia y legalidad, y fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia.

Marco jurídico más punitivo, pero no más justo ni eficaz

Del PRI, el diputado Christian Mishel Castro Bello subrayó que la minuta expande facultades de vigilancia del Estado sin límites claros, atribuye obligaciones desproporcionadas a sectores ya regulados, y pretende utilizar el sistema penal mexicano como un medio de “venganza política”. “No se combate el delito vulnerando derechos fundamentales, sino con instituciones fuertes, marcos legales equilibrados y respeto al Estado de derecho”.

Advirtió que, con la aprobación de la reforma, el resultado sería un marco jurídico más punitivo, pero no más justo ni eficaz. Por ello, no avalarán leyes que traten a las y los ciudadanos como sospechosos por anticipado, ni vulneren la presunción de inocencia. Indicó que se debe actuar con seriedad, inteligencia financiera, cooperación internacional y pruebas documentales, no con “leyes genéricas” que castigan a inocentes y criminalicen la actividad económica ilícita.

Hay riesgos reales en la forma como se estructura la reforma

Irais Virginia Reyes De la Torre, diputada de MC, comentó que la reforma habla de cómo se defiende el Estado mexicano frente al lavado del dinero, ya que es una de las formas más graves e invisibles en las que el crimen organizado, la corrupción y la impunidad se infiltran en la vida institucional del país; por esa razón, “decimos que sí se necesita esta reforma, pero votaremos en abstención porque hay riesgos reales en la forma como se estructura”.

Amplía --añadió-- la lista de actividades vulnerables, para incluir a desarrolladores inmobiliarios, proveedores de servicios con activos virtuales, emisores de tarjetas no bancarias y organizaciones sin fines de lucro cuando manejan recursos de riegos; fortalece el rol de la Secretaría de Hacienda y de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero “el combate al crimen no puede justificar la creación de un sistema de vigilancia sin frenos ni contrapesos”. No hay controles judiciales efectivos.

Posturas a favor y en contra

El diputado Gildardo Pérez Gabino (MC) expuso que el lavado del dinero es el corazón financiero del crimen y hoy no basta con indignarse, sino actuar unidos, tener controles firmes y transparentes, que las autoridades responsables detecten y detengan el flujo ilegal, se castigue al político corrupto, que las autoridades financieras y fiscales trabajen juntas y compartan información. “Hoy nos abstendremos por responsabilidad y convicción democrática”.

Para la diputada Abigail Arredondo Ramos (PRI) lo que está en juego no es de técnica sino el rumbo de las libertades; por ello, se está en contra de la minuta, ya que no es para proteger a los ciudadanos, sino para vigilarlos. Se eliminaron las referencias del financiamiento al terrorismo de la iniciativa original. “Es una caja de herramientas para el espionaje legal. Se busca una vigilancia excesiva y centralizada. Es un mecanismo de control”. 

A su vez, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT) resaltó que el lavado de dinero trata recursos que financian la violencia, la corrupción, el narcotráfico, los golpes de Estado y la destrucción de instituciones. Con la reforma México se alinea a los estándares internacionales que exige GAFI, cierra vacíos legales y se protege a comerciantes, empresarios, profesionistas y trabajadores que cumplen la ley. “Combatiremos a los criminales de cuello blanco con inteligencia, prevención y acción”.

Del PVEM, el diputado Alejandro Pérez Cuéllar mencionó que el financiamiento de actividades delictivas no representa un problema económico, sino una amenaza estructural que debilita a las instituciones, corrompe la justicia y pone en riesgo la seguridad nacional. Por ello, destacó que la reforma fortalece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PRI) reconoció avances positivos en la iniciativa, como la incorporación de nuevas actividades catalogadas como “vulnerables”, supervisiones sobre transacciones en criptomonedas y ciertas inversiones en fidecomisos, pero expresó su desacuerdo en el uso de datos personales por parte del Gobierno Federal sin que exista un control judicial. 

La diputada Mariana Benítez Tiburcio (Morena) hizo un llamado a respaldar la reforma que representa la construcción de un marco legal eficiente, moderno y justo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Agregó que constituye un equilibrio justo entre la eficacia institucional y la protección de derechos fundamentales.

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