DIPUTADO LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES PROPONE TIPIFICAR COMO DELITO FEDERAL LA CORRUPCIÓN INMOBILIARIA

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DIPUTADO LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES PROPONE TIPIFICAR COMO DELITO FEDERAL LA CORRUPCIÓN INMOBILIARIA
 
•    El diputado Luis Humberto Fernández presentó una iniciativa para tipificar como delito federal la corrupción inmobiliaria.

•    La propuesta busca sancionar penal y administrativamente a servidores públicos y particulares que participen en prácticas ilegales de desarrollo y comercialización de vivienda.
 

Con el propósito de combatir uno de los fenómenos más nocivos que aquejan al desarrollo urbano en México, el diputado Luis Humberto Fernández Fuentes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de delitos contra el patrimonio y hechos de corrupción, así como de faltas graves cometidas por servidores públicos.

En tribuna, el legislador afirmó que “desde hace muchísimos años hemos venido hablando de un cáncer que se llaman los cárteles inmobiliarios. Esta práctica en la cual hay una colusión entre servidores públicos y ciertas empresas desarrolladoras ha generado un gran daño, un gran daño en tantos niveles como no podemos imaginar”.

La iniciativa responde a una problemática real y creciente: el encarecimiento desproporcionado de la vivienda y la alteración del mercado inmobiliario en diversas entidades del país como Querétaro, Guanajuato y la Ciudad de México. De acuerdo con el diputado, la colusión entre funcionarios y desarrolladores ha llevado a la venta de terrenos ejidales mediante engaños, el otorgamiento ilegal de cambios de uso de suelo, la construcción sin permisos y la comercialización de inmuebles sin condiciones legales ni servicios básicos.

“Ha sido a través de apropiarse de manera injusta, de manera incorrecta, de manera ilegal de tierras ejidales, de usar, desarrollar sin los usos de suelos adecuados, de vender a las familias habitaciones no solo sin las condiciones de infraestructura mínimas, sino también sin las condiciones legales, sin tener los permisos. Esto ha hecho muchísimo daño al país”, subrayó Fernández Fuentes.

En este contexto, la iniciativa plantea la creación del delito de corrupción inmobiliaria como un tipo penal específico en el Código Penal Federal. También propone sancionar a los servidores públicos que por acción u omisión permitan o toleren la construcción, explotación, compra, venta y comercialización de bienes inmuebles al margen de la ley, así como a los particulares que participen en estas actividades ilegales.

Además, se propone equiparar la corrupción inmobiliaria con el delito de delincuencia organizada, al considerar que no se trata de hechos aislados, sino de esquemas complejos que involucran redes de abogados, contadores y evasores fiscales. “Esto no se da en un cafecito que se vayan a tomar el servidor público y el desarrollador. Se da con una arquitectura de abogados, de contadores, de evasores fiscales. Es una arquitectura muy compleja que sirve para hacer esto. Entonces, por lo tanto, debe de ser tratada como lo que es: un crimen organizado”, sostuvo el legislador.

La iniciativa también contempla reformas para que estas conductas sean consideradas faltas administrativas graves y se les impongan sanciones proporcionales, como penas de hasta 10 años de prisión, con agravantes en caso de beneficios económicos en especie para el servidor público o sus familiares hasta en cuarto grado.

Fernández Fuentes enfatizó que esta propuesta es armónica con el Plan Nacional de Desarrollo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al priorizar el acceso justo a la vivienda digna y combatir los abusos del modelo neoliberal. “El derecho a la vivienda, el derecho a un techo, no es construir viviendas por construir viviendas. Es la gran diferencia entre el periodo neoliberal y la Cuarta Transformación”, afirmó.

En su mensaje, el diputado dejó en claro que la iniciativa no prejuzga ni sataniza a las empresas del sector, sino que busca poner fin a los abusos cometidos por unos cuantos que afectan a la mayoría. “Esta iniciativa nos conviene a todos: a los desarrolladores inmobiliarios honestos porque no tendrán que enfrentar una competencia desleal. A los ejidatarios porque no se tendrán que enfrentar autoridades y empresas abusivas. A los jóvenes y a la población porque no tendrán que pagar sobreprecios por acuerdos ilegales en vivienda. Pero lo más importante es que nos beneficia a México, porque este es un eslabón fundamental para abatir la corrupción”, concluyó.

 
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