EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN DENUNCIA QUE LA LEY GENERAL DE AGUAS IMPONE CONTROL POLÍTICO Y AMENAZA AL CAMPO MEXICANO

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EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN DENUNCIA QUE LA LEY GENERAL DE AGUAS IMPONE CONTROL POLÍTICO Y AMENAZA AL CAMPO MEXICANO

*Diputados del PAN exigen respetar derechos, patrimonio y seguridad hídrica de millones de familias.

*Morena busca centralizar el agua para someter a productores, municipios e industria.

*El dictamen se aprobó al vapor, con parches y reservas insuficientes, sin presupuesto y tras más de 24 horas de discusión.

El Grupo Parlamentario del PAN advirtió que la nueva Ley General de Aguas representa un mecanismo de control político que pone en riesgo la seguridad alimentaria, la certeza jurídica del campo y el derecho humano al

agua. Desde la Comisión de Recursos Hidráulicos el PAN alertó que el dictamen nació mal, sin técnica legislativa, sin diagnóstico y sin escuchar a los sectores afectados.

El coordinador del GPPAN, Elías Lixa Abimerhi, evidenció que todo el proceso legislativo estuvo plagado de ilegalidades: Morena metió el dictamen en un día no programado, sin respetar los plazos de distribución, sin permitir revisión técnica y forzando un procedimiento fast track contrario al Reglamento de la Cámara. Señaló que la mayoría prefirió imponer un discurso político antes que construir una ley viable y constitucional, dejando fuera a especialistas, productores, autoridades locales y pueblos indígenas.

Durante la discusión en el Pleno —que alcanzó las 24 horas de debate— el PAN señaló que Morena intentó “corregir” el dictamen aplicando parches de última hora y aprobando reservas que no resuelven los problemas estructurales: la centralización total, la criminalización de productores, la desaparición de transmisiones de derechos, la creación de un Fondo Nacional discrecional y la ausencia total de presupuesto para implementar la ley. Ninguna de las reservas aprobadas por la mayoría atendió la certeza jurídica, la continuidad del suministro ni la viabilidad operativa.

El Grupo Parlamentario del PAN enfatizó que Morena pretende instaurar un clientelismo hídrico al concentrar todas las decisiones en manos del gobierno federal, con un sistema improvisado que modifica más de 50 artículos y que fue corregido “sobre las rodillas” durante la sesión. El PAN denunció que el oficialismo aprobó un dictamen construido sin escuchar a agricultores, ganaderos, municipios, industria ni comunidades rurales que protestaron afuera de la Cámara.

Al fijar posicionamiento, el diputado Paulo Gonzalo Martínez López advirtió que esta ley “abre la puerta al huachicol del agua”, al centralizar decisiones en un Fondo Nacional controlado desde la Ciudad de México que decidirá, de forma discrecional, quién riega, quién produce y quién quiebra. Señaló que el dictamen criminaliza a productores, elimina transmisiones de derechos y deja en incertidumbre al 70% del agua que utiliza el sector agrícola.

Por su parte, el diputado Marcelo Torres Cofiño afirmó que Morena no legisla para resolver la crisis hídrica, sino para apropiarse del agua mediante un esquema que elimina derechos, prohíbe prácticas que han funcionado por décadas, asfixia a la industria, debilita a los municipios y no contempla un solo peso para infraestructura, plantas de tratamiento o tecnificación.

Calificó el dictamen como “un cascarón vacío” que sólo busca concentrar poder.

Asimismo, el diputado Theodoros Kalionchiz de la Fuente subrayó que incluso después de foros donde el 99% de los participantes rechazó la reforma, Morena ignoró las advertencias del campo y aprobó una ley sin presupuesto, con trámites imposibles y sin capacidad institucional. Señaló que las reservas aprobadas por la mayoría no solucionan la falta de certeza y dejan a los productores a merced del gobierno.Desde una visión de impacto social, la diputada Samantha Margarita Garza de la Garza enfatizó que el agua es vida, no un botín político, y advirtió que la reforma criminaliza al productor y endurece sanciones sin resolver las causas reales de la crisis hídrica. Recordó que el Presupuesto 2026 no asigna un solo peso adicional para agua potable, saneamiento o infraestructura, y criticó que los foros realizados no tuvieron reflejo alguno en el dictamen.

El Grupo Parlamentario del PAN presentó reservas para corregir los riesgos más graves del dictamen: garantizar transmisiones de derechos, evitar la discrecionalidad del Fondo Nacional, proteger el binomio tierra-agua, eliminar sanciones desproporcionadas, asegurar continuidad del suministro y establecer reglas claras para organismos locales. Sin embargo, la mayoría de Morena desechó sistemáticamente las propuestas, evidenciando que su objetivo no era mejorar la ley, sino imponer un modelo centralista de control hídrico.

En su mensaje de cierre, en voz del diputado Federico Döring, señaló que esta sesión retrata la verdadera naturaleza del oficialismo: imponer narrativas en lugar de construir consensos. Recordó que Morena ha

vulnerado la autonomía judicial, la transparencia, los órganos constitucionales y los derechos de los trabajadores, y hoy pretende arrebatar el agua a agricultores, ganaderos y pueblos indígenas, negándoles incluso su derecho a la consulta previa.

El Grupo Parlamentario del PAN refrendó que seguirá defendiendo al campo, a las familias, a la industria y a los municipios de un

dictamen centralista, confiscatorio y peligroso que pone en riesgo la estabilidad social, económica y alimentaria del país. El agua es un derecho humano, no un instrumento de poder.