MORENA BUSCAR APROBAR LA MINUTA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA QUE FORMALIZA LA EXTINCIÓN DEL INAI EN TOTAL OPACIDAD ESTE MIÉRCOLES, PESE AL RECHAZO DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES Y CIUDADANOS

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 MORENA BUSCAR APROBAR LA MINUTA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA QUE FORMALIZA LA EXTINCIÓN DEL INAI EN TOTAL OPACIDAD ESTE MIÉRCOLES, PESE AL RECHAZO DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES Y CIUDADANOS

En la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados ni siquiera nos han entregado un dictamen, quieren aprobar un proyecto a ciegas este miércoles, sin reflexión, ni un proceso de apertura. Es increíble que una reforma que busca garantizar el derecho a la transparencia se realice sin consultar a nadie. Más aún, cuando diversas organizaciones y especialistas han señalado los riesgos del proyecto, por ejemplo, del uso que el gobierno dará a los datos personales: Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Grupo Parlamentario del PAN.

Los dipuatdos del PAN solicitamos que la comisión acordara la realización de audiencias públicas para consultar la opinión de especialistas, grupos interesados y también de las opiniones de los ciudadanos, pero Morena lo rechazó, quieren sepultar el derecho a la información pública.

Aquí les comparto las principales preocupaciones que tenemos con este paquete de reformas que no garantizar la transparencia, sino que promoverá la opacidad en el gobierno.

Estamos en contra de que el Gobierno Federal se adueñe del sistema de transparencia y de los mecanismos de protección de datos personales, tanto en posesión de sujetos obligados como en posesión de particulares, los cuales deberían ser regulados por un organismo autónomo.

Al sustituir a un organismo constitucionalmente autónomo como el INAI, por un organismo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, mal llamado “Transparencia para el Pueblo”, el gobierno se coloca en un conflicto de interés, ya que es evidente que será renunente a entregar información que exhiba su corrupción o su incompetencia en la gestión pública.

El nombramiento de la persona titular de la autoridad garante federal correrá a cargo de la presidencia de la República, sin control parlamentario alguno. Esto implica mayor concentración de poder en el Ejecutivo, eliminando un contrapeso democrático, propiciando más opacidad y más corrupción. 

El gobierno busca eludir la obligación de transparentar sus actividades, ya que la minuta amplía los supuestos de reserva de información, para negarla con criterios arbitrarios, incluyendo motivos de reserva como la paz social, lo que implica casi cualquier cosa. 

También se aplicará a la reserva de información a los procesos deliberativos gubernamentales, o información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o supongan un riesgo para su realización, es decir, la información sobre las “obras prioritarias del gobierno” como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas. 

Organizaciones civiles como Fundar y Artículo 19 han documentado que la minuta clasifica como confidencial "la existencia o inexistencia de quejas, denuncias y/o procedimientos administrativos en curso contra personas servidoras públicas y particulares que no hayan concluido con una sanción firme". Esta medida limita seriamente el acceso a la información pública y debilita la transparencia en la función pública, impidiendo que la ciudadanía, periodistas y organizaciones de la sociedad civil puedan supervisar y detectar posibles irregularidades cometidas por los servidores públicos. 

La reforma pone en manos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno la Plataforma Nacional de Transparencia, con toda la información de los demás órdenes de gobierno, y Poderes y órganos autónomos. ¿Por qué el Ejecutivo federal debería manejar toda la información de los otros Poderes, o de Estados o Municipios?

El órgano desconcentrado “Transparencia para el Pueblo” resolverá los recursos de inconformidad cuando las entidades federativas nieguen la información sobre recursos federales, lo que podría generar un uso político del sistema para presionar a las autoridades locales. Dándole al gobierno federal un nuevo mecanismo de presión política. 

Además, el régimen transitorio señala que no se afectará al personal del INAI, pero el gobierno estima un ahorro presupuestal del 65% ¿cómo puede ser eso? Sin duda, falta información sobre la transición del personal y los recursos de la institución al nuevo organismo.