La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa que reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general penal que combata la extorsión, un delito de alto impacto que se ha incrementado significativamente en México. 

La propuesta responde a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2025-2030 y al Plan Nacional de Desarrollo, reconociendo la extorsión como una amenaza que afecta el patrimonio, la esfera psicológica y bienes jurídicos colectivos, especialmente cuando es perpetrada por la delincuencia organizada, que utiliza este delito para coaccionar a empresarios, comerciantes y funcionarios públicos, generando ingresos significativos y distorsionando mercados.

La falta de homologación en las penas y definiciones del delito en los códigos penales federal y estatales, con rangos de 1 a 30 años de prisión y multas que varían de 36 mil a 691 mil pesos, dificulta su combate eficaz. La iniciativa propone una ley general que unifique el tipo penal, sus agravantes y sanciones, promoviendo herramientas de investigación, inteligencia y coordinación institucional.

Entre los beneficios de esta reforma destacan: brinda seguridad jurídica al eliminar vacíos legales y arbitrariedades en las sanciones; representa una mayor eficacia en el combate al delito con una respuesta rápida y coordinada ante nuevas modalidades, como la extorsión digital y algo muy importante es el enfoque centrado en la víctima por medio de canales de denuncia accesibles y la reparación del daño.

La reforma busca articular recursos del Estado para prevenir, investigar y sancionar la extorsión, especialmente en los estados más afectados, garantizando una estrategia nacional coherente y efectiva.