REFORMA ELECTORAL, NO SE TRATA DE DEBILITAR LA DEMOCRACIA, SINO DE HACERLA SOSTENIBLE CON LA REALIDAD DEL PAÍS: DIP. PADIERNA LUNA

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REFORMA ELECTORAL, NO SE TRATA DE DEBILITAR LA DEMOCRACIA, SINO DE HACERLA SOSTENIBLE CON LA REALIDAD DEL PAÍS: DIP. PADIERNA LUNA

•    México ha construido uno de los sistemas electorales más caros del mundo 

•    Destinar mayores recursos al bienestar de la gente y a los proyectos estratégicos nacionales no es un capricho ideológico, es una decisión de prioridades 

Con motivo de la discusión sobre la Reforma Electoral,  la vicecoordinadora de Organización Legislativa del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna enfatizó que no se trata de debilitar la democracia, sino de hacerla sostenible y congruente con la realidad económica y social del país. 

“Si cerca del 70% del presupuesto del INE se concentra en prerrogativas, organización electoral y padrón, y la legislación actual prácticamente impide su reducción, entonces la discusión de una reforma constitucional resulta ineludible”, añadió.

Padierna Luna subrayó que el problema no es la democracia, sino su costo con las leyes actuales. “México ha construido uno de los sistemas electorales más caros del mundo. A los recursos del INE deben sumarse los asignados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los destinados a los organismos electorales y tribunales locales. Se trata de una estructura robusta, pero también onerosa”.

“Destinar mayores recursos al bienestar de la gente y a los proyectos estratégicos nacionales no es un capricho ideológico, es una decisión de prioridades. En un país con profundas desigualdades, cada peso del presupuesto público debe evaluarse bajo el principio de utilidad social. La pregunta es clara: ¿la política debe seguir costando lo mismo, o es momento de ajustar el modelo para que la democracia cueste menos y rinda más?”, añadió.

La legisladora afirmó que el análisis del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) no puede reducirse a un tema técnico o administrativo, sino que constituye una definición profundamente política y social: decidir si los recursos públicos deben continuar destinándose en los niveles actuales al financiamiento de la estructura electoral y de los partidos políticos, o si es momento de reorientarlos hacia las prioridades nacionales más urgentes.

“Entre 2018 y 2026, el presupuesto del INE ha promediado alrededor de 23 mil millones de pesos anuales, con incrementos sustanciales en los años de elecciones federales. En 2018 y 2024 —cuando se eligió la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión—, así como en 2021 y 2025 —con elecciones intermedias y del Poder Judicial—, el promedio ascendió a 28 mil millones de pesos. Incluso en años sin elección federal, el gasto se ha mantenido cercano a 18 mil millones. En términos reales, el presupuesto ha sido prácticamente constante, consolidándose como un gasto estructural de gran magnitud”, informó.

Recordó que en los años electorales, el INE ha representado alrededor del 0.6% del presupuesto programable del sector público; en los no electorales, el 0.4%. Aunque el porcentaje puede parecer reducido, en cifras absolutas se trata de decenas de miles de millones de pesos cada año.

La legisladora destacó que aproximadamente una tercera parte del presupuesto corresponde a prerrogativas para los partidos políticos, cuyo cálculo está fijado en el Artículo 41 constitucional, mediante una fórmula automática que multiplica el padrón electoral por el 75% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). “No depende del desempeño, de la austeridad o de la eficiencia, sino de un mecanismo que crece conforme crece el padrón. Es evidente que este esquema, diseñado hace décadas bajo circunstancias distintas, necesita revisarse.”

En el contexto actual, explicó, el país impulsa una etapa de ampliación del bienestar social y la implementación del denominado Plan México, que exige mayores niveles de inversión pública en infraestructura, desarrollo regional, educación, salud y fortalecimiento productivo. 

“Es legítimo preguntarnos si es socialmente responsable mantener intacto un esquema de financiamiento político que absorbe miles de millones de pesos anuales, cuando existen necesidades apremiantes en la población”, cuestionó.

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