Lo que hace el presidente de la República al descalificar a la senadora Xóchilt Gálvez es reprobable, “no sólo falta a la ética, también a la civilidad y legalidad; no tiene por qué hacerlo con persona alguna”, afirmó el diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN). Lo anterior, en declaraciones a representantes de los medios de comunicación al ser consultados sobre las aseveraciones que ha hecho el presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre la senadora Xóchilt Gálvez Ruiz, aspirante a responsable para la construcción del Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD).
Ir a la notaLa diputada federal María Teresa Castell de Oro Palacios no podrá buscar la reelección ni algún otro cargo público en las elecciones del 2024 porque la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó, por unanimidad, que incurrió en violencia política en razón de género y por tal debe estar expuesta en el Registro Nacional de Personas Sancionadas, durante un año
Ir a la notaCon el objetivo de asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, al transporte público aéreo, la diputada Norma Angélica Aceves García (PRI) impulsa una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Propone modificar la fracción II del artículo 19 para “asegurar” que en la concesión del servicio de transporte público aéreo, terrestre o marítimo, las unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o humanos y personal capacitado. Plantea adicionar el artículo 19 Bis a fin de establecer que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes obligue a concesionarios o permisionarios del transporte público aéreo a “garantizar el acceso a la comunicación y a la información en formatos accesibles, correspondiente a todas las etapas del transporte público aéreo”
Ir a la notaAnte el mal servicio en toda su red en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el diputado priísta, Alan Castellanos Ramírez exigió al director general del Metro de la Ciudad de México, Guillermo Calderón Aguilera rinda un informe y se conozca el estatus en el que se encuentra la red de ese medio de transporte ante los problemas y fallas que han afectado a la población usuaria. Expuso que es necesario que, en un plazo de 15 días naturales, se presente el documento detallado del estado que guardan todas las líneas del Metro y el mantenimiento realizado a las mismas. Argumentó que la exigencia es por los problemas que los trabajadores, estudiantes, jefas de familia y millones de personas sufren a diario por el mal servicio, mientras el gobierno de la ciudad afirma que invierte millones de pesos en trabajos y mantenimiento que no se reflejan en la calidad del transporte público.
Ir a la notaA fin de garantizar igualdad de oportunidades y la paridad entre mujeres y hombres en la obtención de licitaciones, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobó reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, informó el diputado Mario Peraza Ramírez (PVEM). Sostuvo que la iniciativa que él promueve señala que la contratación pública es una parte fundamental de las actividades del Estado y representa uno de los mercados de mayor importancia. «En este sentido, las compras públicas constituyen una gran oportunidad para que los gobiernos puedan fomentar la participación laboral de las mujeres, reduciendo así la brecha de género”, explicó en un comunicado. Además, destacó que apoyar a empresas propiedad de mujeres e integrarlas en las cadenas de suministro corporativas es una “economía inteligente” y buena para los negocios, ya que esto contribuirá significativamente a la economía mundial y generará millones de nuevas oportunidades de empleo.
Ir a la notaLos responsables de las cinco vicepresidencias continentales de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), Timoteo Zambrano, Eduardo Martell, Fausto Liz, José Alberto Aguilar Iñárritu, y los vicepresidentes Harold Correa, Marcelo García y Sebastián Hagobián, externaron su “rechazo y condena a la persecución política que de manera permanente lleva a cabo el gobierno de México contra el líder opositor Alejandro Moreno Cárdenas”, por lo que pidieron a los responsables de los organismos de derechos humanos de la ONU, OEA y Unión Europea, se brinden medidas de protección urgentes al presidente del PRI y de la COPPPAL.
Ir a la notaLa diputada del PVEM, Nayeli Arlen Fernández Cruz, presentó iniciativa para reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para que en las terminales de pasajeros se destine un espacio acondicionado y equipado como sala de lactancia. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para su dictamen y la de Igualdad de Género para su opinión, y define como el lactario o sala de lactancia a un espacio de uso exclusivo para la extracción de la leche materna y amamantamiento, que deberá ser privado y exclusivo para ese fin. Además, debe contar con elementos mínimos tales como: mesas, sillas o sillones con abrazaderas, dispensadores de papel toalla y de jabón líquido, depósitos con tapa para desechos, entre otros elementos, que brinden bienestar y comodidad a las usuarias para la extracción y amamantamiento
Ir a la notaLa diputada Ana Laura Bernal Camarena (PT) presentó una iniciativa que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, en materia de prohibición de comercialización de vida silvestre a través de plataformas digitales. En un comunicado, señaló que es necesario regular esta situación toda vez que cualquier persona tiene acceso a ello, incluso menores de edad, y pueden adquirir de manera igual especies en peligro de extinción. En ese sentido, reveló que el comercio ilegal de vida silvestre es un negocio muy lucrativo, no nada más en México, sino en el mundo y la falta de regulación ha creado una laguna jurídica en el Código Penal Federal, por lo que son necesarias las penalizaciones ante la impunidad que persiste. Recalcó que es deber de la ciudadanía conservar la flora y fauna, y del Estado, garantizarlo. Agregó que, si bien los ilícitos mencionados no son recientes, su lamentable incremento es una llamada para que el gobierno detenga este mal que perjudica y vulnera la naturaleza del país
Ir a la notaCon la finalidad de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) priorice programas de estudio referentes a la educación sexual integral y reproductiva, la diputada Shirley Vázquez Romero (PT) presentó iniciativa que reforma el artículo 26 de la Ley General de Educación. Señala un comunicado que argumentó la importancia de su propuesta toda vez que una de las máximas preocupaciones para el Estado mexicano es el creciente número de embarazos en menores de edad, situación que ocasiona que, la mayor parte de las y los involucrados, dejen de realizar sus actividades cotidianas. “El embarazo y la maternidad precoz tienen graves efectos negativos en las y los adolescentes, ya que los expone a condiciones sumamente adversas, mismas que dificultan su desarrollo y estabilidad”, señaló en un comunicado. Con la modificación, aseveró la también integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la SEP priorizará planes que impliquen y promuevan el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y paternidad responsable, la prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual.
Ir a la notaEn México, mueren anualmente poco más de 60 mil animales de compañía víctimas de maltrato. Por ello, la diputada federal del Partido Verde, Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, planteó actualizar sanciones en el Código Penal Federal para castigar hasta con 10 años de cárcel a quienes ejercen violencia contra los animales de compañía. La iniciativa, que reforma y adiciona el artículo 419 Bis del mencionado código, busca imponer al doble las penas vigentes y quedar de uno a 10 años de prisión y el equivalente de 200 a cuatro mil días de multa. Es decir, hasta 414 mil 960 pesos a valor actual. Los funcionarios públicos que ejerzan maltrato animal tendrán penas mayores, quedarán inhabilitados para desempeñar cargos o laborar en centros públicos, por un periodo igual al de la prisión impuesta y deben someterse a tratamientos psicológicos por su conducta antisocial
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