La diputada Sofía Carvajal Isunza (PRI), integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios, llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a transparentar públicamente los resultados de las investigaciones sobre el incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, Chihuahua, que cobró la vida de 40 migrantes. En un comunicado, informó que presentó un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados haga un exhorto en ese sentido a la FGR, así como para que pida a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigar la presunta responsabilidad de los servidores públicos encargados de las instalaciones y de la empresa de Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), encargada de la seguridad de ese lugar. La legisladora priista aseguró que el personal de seguridad perteneciente a la empresa a cargo de custodiar a las personas migrantes que fallecieron no estaba capacitado ni sensibilizado para responder correctamente a sus funciones.
Ir a la notaDurante la mesa internacional de trabajo “Enfrentando los Retos de la Gestión Hídrica del Valle de México”, la diputada Carolina Viggiano Austria y el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del PRI, afirmaron que es necesario invertir en planes y programas hídricos regionales, restaurar cuencas y saneamiento de cauces, porque hasta el momento las decisiones para atender los problemas de agua sólo han sido reactivas. A través de un comunicado Viggiano Austria señaló que la Cuenca del Valle de México se encuentra sobreexplotada y no existen suficientes acciones de manejo y restauración. Por lo cual, precisó, hace falta un plan hídrico con una visión integral y metropolitana, que marque tiempos y responsabilidades, para resarcir la deuda de agua que existe con el estado de Hidalgo.
Ir a la notaCon el fin de garantizar a todas las personas el acceso a la educación inicial, la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, la reforma al artículo 6 de la Ley General de Educación para incluir en el Sistema Educativo Nacional la obligatoriedad de dicha educación, informó la diputada Fátima Almendra Cruz (PVEM). De acuerdo con el dictamen, impulsado por las diputadas Fátima Almendra Cruz Peláez (PVEM) y Shirley Guadalupe Vázquez (PT), se propone incluir la educación inicial como un deber que deberán cumplir todas las personas del país. Esto, en atención a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que el nivel inicial se encuentra dentro del tipo de la educación básica, y a su vez ésta es obligatoria. En un comunicado, la diputada Cruz Peláez explicó que la educación inicial comienza con el interés de los educadores por la primera infancia, ya que anteriormente los primeros años del ser humano no eran considerados relevantes.
Ir a la notaPara brindar transporte gratuito a niñas, niños y adolescentes que requieran trasladarse a una comunidad distinta a la suya para asistir a la escuela, la diputada Consuelo del Carmen Navarrete Navarro (PVEM) impulsa iniciativa que adiciona una fracción XXIII al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Propone que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, destinen recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes para tal fin. El documento, enviado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen, y a la Comisión de Educación para opinión, menciona que el objetivo es procurarles a los menores mejores condiciones para el acceso y ejercicio de su derecho a la educación. Señala que de acuerdo al Índice de Rezago Social la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela aumentó entre 2015 y 2020 a nivel nacional en 2.6 puntos porcentuales, al pasar de 3.5 a 6.1 por ciento, respectivamente.
Ir a la notaLa diputada Maribel Martínez Ruiz (PT) aseveró que “a pesar de los avances legales en materia de género, éstos aún son insuficientes. Las mujeres siguen vulnerables frente a actos de violencia. “Claro ejemplo de esta situación es el denunciado por las jugadoras profesionales de la Liga Mexicana Femenil de Futbol, quienes en diversas ocasiones han advertido del acoso de que son objeto, sobre todo a través de las redes sociales”. La parlamentaria sostuvo en un comunicado que en años recientes se ha legislado en la materia. No obstante, y a pesar de que las propias jugadoras han hecho públicos los mensajes amenazantes que constantemente reciben, sus casos siguen sucediendo continuamente con absoluta impunidad, los acosadores reinciden sin que haya autoridad alguna que haga valer la ley. Ante este panorama, Martínez Ruiz, en conjunto con el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT, Benjamín Robles Montoya, propusieron reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de fortalecer las medidas de protección cuando se trate de delitos cometidos contra menores de edad y mujeres.
Ir a la nota“De acuerdo a cifras oficiales, las mujeres migrantes en México representan el 20% del total de este sector; ante ello, es impostergable crear políticas públicas con perspectiva de género que protejan y promuevan los derechos de estas personas. Además, el Estado mexicano tiene la obligación de proteger los derechos de todas las personas, independientemente de su situación migratoria”, indicó la diputada federal María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT). En ese sentido, la parlamentaria por la Ciudad de México sostuvo que reconocer que son sujetos de derechos les garantizará el acceso a servicios básicos como la educación, salud, vivienda y empleo; fomentando así, la inclusión y económica de los migrantes en la sociedad mexicana, a fin de construir comunidades fuertes y solidarias para todos. Alertó que se ha registrado un aumento considerable de mujeres menores de edad, desafortunadamente en la mayoría de los casos su paso por nuestro país no sucede libre de violencia; por el contrario, en su travesía enfrentan obstáculos legales, sociales, económicos y culturales, así como, el riesgo de ser explotadas o maltratadas durante su viaje y en su destino final.
Ir a la notaEl diputado Armando Reyes Ledesma (PT) presentó una iniciativa que adiciona un artículo 215 Bis a la Ley General de Salud, con la finalidad de disminuir y, eventualmente, prohibir que los alimentos consumidos diariamente por los mexicanos contengan sustancias dañinas, en mayor o menor medida. Tal es el caso de los aditivos alimentarios producidos sintéticamente y, que se ha demostrado, afectan la salud de las personas tras su consumo a mediano y largo plazo. “Esta modificación será de gran beneficio para quienes consumen este tipo de artículos alimentarios, pues se disminuirá en gran medida el riesgo al que se exponen niñas, niños, adolescentes y adultos. “Deberá ser un punto de partida para cuidar a las futuras generaciones de ciudadanas y ciudadanos mexicanos y mejorar su calidad de vida”, señaló el parlamentario en un comunicado. Respecto a este tema, indicó, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló estudios que señalan a estos productos como causantes de hiperactividad por su ingesta constante, alergias de leves a graves o asma, entre otras reacciones.
Ir a la notaLa fracción del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados propuso que se impongan mayores sanciones para las autoridades educativas que sean omisas ante acusaciones de acoso y violencia escolar. El diputado Leobardo Alcántara Martínez consideró indispensable que a través de una reforma a la Ley General de Educación se establezcan programas de estudio de valores que condenen y rechacen cualquier forma de violencia en los planteles escolares. Señaló que es importante que todas las víctimas de acoso escolar cuenten con los canales de comunicación necesarios y confidenciales para denunciar este tipo de abusos. «Proponemos una multa de hasta un millón 556 mil 100 pesos para las autoridades escolares que, en el ámbito de sus atribuciones, no atiendan las denuncias de violencia o acoso escolar», afirmó el legislador Alcántara Martínez.
Ir a la notaLa diputada Dionicia Vázquez García (PT) presentó una iniciativa para que la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con la Secretaría de Salud y las autoridades educativas estatales diseñen y ejecuten programas de prevención, identificación y atención oportuna a problemas de salud mental de los educandos, en las escuelas públicas de educación básica y media superior. La propuesta, turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Educación para dictamen, y a la Comisión de Salud para opinión, reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, la General de Educación y la Reglamentaria del artículo 3º de la Constitución Política. Establece que los educandos tendrán derecho a ser respetados en su integridad, identidad y dignidad, lo cual incluye la promoción de su salud mental como un aspecto fundamental de su bienestar y desarrollo, así como a la protección contra cualquier tipo de agresión física, moral o psicológica.
Ir a la notaLa diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD) impulsa reformas a las leyes Federal del Trabajo y del Impuesto Sobre la Renta, a fin de otorgar estímulos fiscales a quienes contraten personas transgénero e incluir el concepto de orientación sexual e identidad de género. Se propone adicionar un capítulo II Bis, denominado “De los patrones que contraten a personas transgénero”, y el artículo 186 Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para establecer que se otorgará un estímulo fiscal a personas físicas o morales del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que empleen a personas transgénero. El estímulo fiscal, precisa, consiste en poder deducir de los ingresos acumulables de contribuyente para los efectos del ISR para el ejercicio fiscal correspondiente, un monto equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a dichas personas. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para el cálculo en el ejercicio que corresponda y las retenciones del impuesto del trabajador. Señala que se entenderá como persona transgénero cuando la identidad o la expresión de género de una persona es diferente de aquella que típicamente se encuentra asociada con el sexo asignado al nacer. Las personas trans construyen su identidad independientemente de un tratamiento médico o intervenciones quirúrgicas.
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