.- A partir del 1 de mayo, Antonio Ramírez, diputado federal por Jalisco del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dejará su cargo para asumir de tiempo completo la dirigencia de este instituto político en el Estado, con miras al proceso electoral 2024
Ir a la nota.- Con el propósito de perfeccionar la información que proporcionan los notarios y corredores para identificar de manera efectiva al destinatario final de las operaciones vulnerables o de procedencia ilícita, propuso el diputado pevemista, Javier López Casarín. Por ello, el legislador presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La finalidad es perfeccionar la información que proporcionan los distintos sujetos que prestan servicios de fe pública, notarios y corredores, al ser actividades originariamente estatales que se desempeñan por delegación, identificar de manera efectiva al destinatario final de las operaciones vulnerables y facilitar la gestión de información como auxiliares del Estado en la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, destaca.
Ir a la notaEl Grupo Parlamentario del PVEM encomió la decisión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de emitir una opinión a favor del dictamen que plantea requerir a los concesionarios de obras carreteras toda clase de medidas sustentables que contribuyan con el ambiente y la protección de las especies animales.
Ir a la notaLa diputada Consuelo del Carmen Navarrete Navarro (PVEM) propuso una iniciativa para que se instalen espacios temporales adecuados para familiares de personas internadas en hospitales del sector público que estén en situación de pobreza o que no puedan llegar a su domicilio para cubrir sus necesidades básicas de descanso, asearse y alimentarse
Ir a la notaLa fracción del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados propuso que se impongan mayores sanciones para las autoridades educativas que sean omisas ante acusaciones de acoso y violencia escolar. El diputado Leobardo Alcántara Martínez consideró indispensable que a través de una reforma a la Ley General de Educación se establezcan programas de estudio de valores que condenen y rechacen cualquier forma de violencia en los planteles escolares Señaló que es importante que todas las víctimas de acoso escolar cuenten con los canales de comunicación necesarios y confidenciales para denunciar este tipo de abusos. "Proponemos una multa de hasta un millón 556 mil 100 pesos para las autoridades escolares que, en el ámbito de sus atribuciones, no atiendan las denuncias de violencia o acoso escolar", afirmó el legislador Alcántara Martínez
Ir a la notaLa diputada Esther Martínez Romano (PT) propuso exhortar a las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, y a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, a través de la Comisión Nacional Forestal, se trabaje en la creación e implementación de un programa presupuestal permanente que fomente el cultivo y producción del piñón en nuestro país. Lo anterior, ya que es un alimento sumamente empleado en la repostería y gastronomía, además de utilizarse en la producción de biocombustibles amigables con el medio ambiente, expuso en un comunicado. La legisladora recordó que en México la producción del piñón se realiza en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, por lo que tiene un alto valor comercial debido a su legendario uso en la preparación de alimentos en regiones donde proliferan bosques de pinos.
Ir a la notaEl diputado Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT, consideró imprescindible transparentar e informar los términos en que se dio la prórroga de la concesión, por un periodo de 30 años, que otorgó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a Teléfonos de México (Telmex).
Ir a la notaEl diputado Benjamín Robles Montoya (PT) señaló que el argumento de la oposición sobre la defensa de la autonomía del árbitro electoral pretende continuar imponiendo personajes afines a ellos, así como seguir teniendo un Instituto Nacional Electoral (INE) a modo de sus intereses. En un comunicado, afirmó que el proceso realizado para elegir a las y los nuevos consejeros electorales fue bajo las reglas constitucionales y legales aprobadas en 2014, mismas que impusieron a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, por lo que la impugnación presentada por el PAN demuestra que solamente quieren seguir imponiendo cuotas. “Se niegan a perder sus cuotas y, con ello, el control del instituto; de ahí su estruendosa defensa del INE.
Ir a la notaCon el objetivo de articular programas, estrategias y acciones de las instituciones del Estado para garantizar el acceso a servicios de cuidado a la población en situación de dependencia y los derechos de las personas proveedoras, ya sea que lo hagan de manera remunerada o no remunerada, la diputada emecista, Amalia Dolores García Medina propuso establecer esas consideraciones en la Ley General de Desarrollo Social la Política Nacional de Cuidados. Ello, mediante una iniciativa que adiciona un Capítulo II Bis al Título Tercero, y modifica los artículos 49, fracción I, 51 y 60 de la Ley, enviada a la Comisión de Bienestar para dictamen. Define servicios de cuidado como el conjunto de apoyos indispensables para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, a fin de satisfacer las necesidades integrales de subsistencia de las personas en diferentes etapas de su vida. Estipula que los servicios de cuidado no remunerados son los llevados a cabo por familiares o voluntarios no profesionales, de manera solidaria sin contraprestación económica. Los remunerados están sujetos a una regulación o contrato y reciben una contraprestación económica
Ir a la notaCon el objetivo de articular programas, estrategias y acciones de las instituciones del Estado para garantizar el acceso a servicios de cuidado a la población en situación de dependencia y los derechos de las personas proveedoras, ya sea que lo hagan de manera remunerada o no remunerada, la diputada emecista, Amalia Dolores García Medina propuso establecer esas consideraciones en la Ley General de Desarrollo Social la Política Nacional de Cuidados. Ello, mediante una iniciativa que adiciona un Capítulo II Bis al Título Tercero, y modifica los artículos 49, fracción I, 51 y 60 de la Ley, enviada a la Comisión de Bienestar para dictamen. Define servicios de cuidado como el conjunto de apoyos indispensables para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, a fin de satisfacer las necesidades integrales de subsistencia de las personas en diferentes etapas de su vida. Estipula que los servicios de cuidado no remunerados son los llevados a cabo por familiares o voluntarios no profesionales, de manera solidaria sin contraprestación económica. Los remunerados están sujetos a una regulación o contrato y reciben una contraprestación económica
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