Señalan especialistas rezagos presupuestales y fallas institucionales para consolidar el Sistema Penal Acusatorio

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Nota No. 3217

Señalan especialistas rezagos presupuestales y fallas institucionales para consolidar el Sistema Penal Acusatorio

Palacio Legislativo de San Lázaro, 30-01-2026.- Durante el “Primer Foro de Análisis y Prospectiva del Sistema Penal Acusatorio”, convocado por el diputado Sergio Mayer Bretón (Morena), especialistas coincidieron en que el modelo de justicia penal en México enfrenta limitaciones en materia presupuestal y de fortalecimiento institucional que comprometen su consolidación.

En su oportunidad, el maestro Samuel Ibarra Vargas sostuvo que la falta de recursos es uno de los principales factores que impiden el funcionamiento adecuado del sistema, ya que “no puede seguir operando con presupuestos inerciales que no corresponden a la carga real de trabajo [...] si el presupuesto no se blinda como política de Estado, cualquier reforma será únicamente un discurso”.

Subrayó que la precariedad laboral de las y los operadores impacta directamente en la calidad de la justicia, al afirmar que “no se puede exigir eficiencia cuando el Ministerio Público tiene más de 200 carpetas de investigación abiertas al mismo tiempo”. 

“El sistema acusatorio se sostiene sobre personas exhaustas, mal pagadas y con contratos temporales”, por lo que “hablar de derechos humanos también implica hablar de condiciones laborales dignas para quienes imparten justicia”, acotó.

Sobre los retos institucionales, el magistrado Moisés Molina Álvarez advirtió que el análisis del Sistema Penal Acusatorio debe partir de una evaluación técnica y no política. “Lo primero que se tiene que decir es si el sistema funciona o no funciona, y eso no se responde con discursos, sino con datos”, porque “si no hay indicadores claros, cualquier diagnóstico será incompleto y cualquier decisión será errática”.

Hizo énfasis en que la debilidad institucional se refleja en la falta de planeación a largo plazo, ya que “no se puede fortalecer un sistema de justicia si cada administración vuelve a empezar desde cero. La improvisación es uno de los peores enemigos del Sistema Penal Acusatorio”.

Al hacer uso de la voz, el abogado Marco Antonio Avilés destacó que uno de los principales problemas institucionales es la falta de coordinación entre las autoridades que integran el sistema, porque “sigue funcionando como compartimentos estancos, donde cada institución trabaja de manera aislada”. 

Añadió que “sin coordinación real entre policías, fiscalías, defensorías y jueces, el modelo simplemente no puede cumplir con sus objetivos”. Asimismo, “la falta de presupuesto no solo limita la operación, también profundiza las desigualdades entre instituciones”. 

En materia de extradición, la abogada Lizbeth Padilla Sanabria alertó sobre los riesgos de permitir traslados internacionales de personas privadas de la libertad sin un control judicial estricto, y cuestionó que “se pretenda normalizar la extradición de facto sin cumplir con el procedimiento previsto en la Constitución y en los tratados internacionales”.

Expuso que “permitir que una persona sea entregada a otro país, sin intervención judicial, es una violación directa al debido proceso, y cuando se rompe el procedimiento de extradición, se rompe también el principio de legalidad”. De igual forma, “no se puede justificar la omisión del procedimiento constitucional bajo el argumento de la seguridad nacional”.

Recalcó que el Poder Legislativo tiene una responsabilidad central en esta materia, “no puede ser omiso cuando se debilitan las garantías constitucionales”, dado que “la extradición debe seguir siendo un acto sujeto a control judicial, con resolución escrita, fundada y motivada, y con posibilidad real de impugnación”.

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